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La Guardia Civil tiene pruebas contra la Cifu y tropa por Púnica, financiación ilegal y tal, y pide su imputación, pero el juez dice "chico, tampoco es pa tanto".
La Guardia Civil tiene pruebas contra la Cifu y tropa por Púnica, financiación ilegal y tal, y pide su imputación, pero el juez dice "chico, tampoco es pa tanto".
No sé si en el resto del Estado teneis conocimiento de esta cutrehistoria pueblerina a más no poder.
El trasfondo le resultará familiar a todos los que vivan en entornos peri o semi urbanos: fincas supuestamente agrícolas (y por tanto no urbanizables) donde la ley sólo permite construir casetas de aperos de entre 20 o 40 metros cuadrados, pero donde poco a poco (hoy un porche, mañana cubro el porche, el año siguiente amplio otra habitación, luego consigo una acometida "irregular" de agua potable, ahora hormigono un trozo para aparcar, luego cierro el garaje y le pongo un váter,...) la gente acaba construyendo auténticos chalets, mientras el ayuntamiento hace la vista gorda, porque nada más impopular que dedicarse a perseguir a "buenos vecinos de toda la vida"... que además votan.
Lo descacharrante del asunto es cuando eso lo hace nada más y nada menos que... ¡el mimísimo presidente de la comunidad autónoma! y que cuando la gente (y la fiscalía) empieza a mosquearse con esa "caseta de aperos" de dos plantas y 200 metros cuadrados... ¡voilá! aparece una milagrosa modificación del plan urbanístico (transfugismo concejil incluido) que legaliza el chalecito, y otras sesenta y tantas construcciones ilegales (para dismular).
El delincuente en cuestión es hoy vicepresidente del Senado.
Es que sois mal pensados. Un fiscal anticorrupción puesto ahí por el PP a petición de Ignacio González (el expresidente presidiario), que tiene dinero en paraísos fiscales, y todos ya dando por hecho que el señor fiscal anticorrupción Moix pretendía evadir impuestos. ¿Qué mejor perfil para la lucha contra la corrupción que alguien del gusto de los corruptos con dinero en Panamá?
Durante los años setenta y ochenta, incluso los noventa, solía ser común escuchar que propiedades españolas estaban registradas a nombre de empresas “holding” en el extranjero (paraísos fiscales), y las empresas, en lugar de las propiedades, se ponían a la venta. La mayoría de estas empresas tenían domicilio en Panamá pero luego esto fue cambiando y se prefirió a las de Gibraltar por estar más cerca de casa.
Los vendedores veían claramente las ventajas: cuando ponían a la venta estas propiedades, era posible ofrecer también las acciones de la empresa “holding” en lugar de vender las propiedades fuera de la empresa. Este tipo de venta no requería la ejecución de ningún instrumento público español extra ya que la propiedad estaba ya escriturada a nombre de la empresa que estaba a la venta. Cuando se compraban las acciones de la empresa y por consiguiente las propiedades pertenecientes a esta, el comprador se eximía de pagar el Impuesto sobre Ganancias Patrimoniales que de otra manera debía pagarse al venderse una propiedad fuera de una empresa. El motivo era que el valor neto contable de los activos de la empresa se mantenía igual. En aquellos días, este tipo de operaciones era muy común y fácilmente se podían vender empresas de una persona a otra ya que el vendedor no estaba sujeto a pagar el Impuesto sobre Trasmisiones Patrimoniales porque como la propiedad no se registraba en otro nombre, la Agencia Tributaria no tenía constancia de esta operación.
Para los compradores el sistema era muy simple: se evitaba pagar cualquier Impuesto sobre Transferencias Patrimoniales, y si querrían vender en el futuro, podían ofrecer el mismo paquete (empresa+propiedad). Este sistema funcionó bastante bien hasta que la Agencia Tributaria se percató y modificaron las leyes para que este tipo de operaciones resultaran más complicadas de ejecutar. Las modificaciones más recientes a estas regulaciones son las nuevas leyes de prevención de fraude fiscal que se aprobaron en 2006, 2010 y 2012, y la abolición de empresas “holding” en 2007.
Aunque supuestamente en este caso está declarado, parece que si tiene ciertos beneficios. Que lo haga un fiscal tiene tela.
Si no es importante, pues creamos una asociación de todos los propietarios, podrían ser unos 10 millones y con ese paquete nos vamos a Panamá a que nos hagan un buen descuento. Total no pasa nada.
Es que sois mal pensados. Un fiscal anticorrupción puesto ahí por el PP a petición de Ignacio González (el expresidente presidiario), que tiene dinero en paraísos fiscales, y todos ya dando por hecho que el señor fiscal anticorrupción Moix pretendía evadir impuestos. ¿Qué mejor perfil para la lucha contra la corrupción que alguien del gusto de los corruptos con dinero en Panamá?
Y viva la separación de poderes.
Yo creo que la gente está errando el tiro.
No es la planificación de Ignacio Gonzalez es la planificación del PP para intentar controlar la justicia. Otra cosa es que este personaje haya indicado que sería la mejor opción como harán otros conseguidores, hay que dar nombres.
El PP es un partido jerarquizado y autoritario, siempre he dicho que el PP tiene un plan para controlar lo máximo posible las instituciones que pueda, viene en su ADN.
Ignacio Gonzalez, Zaplana o Arturo Fernández simplemente están indicando el modelo ideado por el PP que lleva usando desde hace tiempo y en que quiere actuar y para eso el PP tenía diseñado un plan para colocar determinados nombres.
Al PP le han hecho mucho daño las acusaciones particulares, pues nos las cargamos, tienen más que perder que ganar, ya vemos como desde la fiscalía se puede actuar persiguiendo chistes de Carrero Blanco, titiriteros, peinetas a vírgenes,...
Con Fabra pasaron más de 10 jueces y no se le consiguió juzgar, esa trama era la del PP, terminó en la cárcel por delitos contra Hacienda, se minimizó el problema.
El famoso Enrique Lopez, debería haber terminado su carrera cuando se le cogió con casi el doble del límite penal cuando lo iban a colocar en el Constitucional, ahora lo podrán en otro organismo clave. En ambos casos no daba el perfil, lo habitual en los jueces y fiscales que se pretenden colocar.
Este tipo va a estar muy agradecido. Es curioso, para el juez Casandra como universitaria debía saber las consecuencias de los chistes contra un dirigente franquista y lo que acarrea, pero resulta que Enrique Lopez es tonto del culo y no es responsable de sus actos a pesar de conducir por encima del límite penal. Apenas ha tenido sanción y ha seguido trabajando en la AN y tras tres años del suceso ya está para ascenderlo.
Si un fiscal no debe ser elegido por criterios políticos no podemos usar estos para criticar su vida privada ¿Es un delincuente? Pues arreando que de haber un problema no es suyo sino de la ley.
¿No puede? Pues es exactamente lo que pasa con el Fiscal General del estado, los Fiscales Jefe de las Comunidades Autónomas y los Fiscales Jefe provinciales.
Comentarios
Siempre según el medio podemita de eldiario.es, eso sí.
http://m.eldiario.es/2671b690_644986512/
Ah, ¿que el juez Velasco está bajo sospecha?...
No sé si en el resto del Estado teneis conocimiento de esta cutrehistoria pueblerina a más no poder.
El trasfondo le resultará familiar a todos los que vivan en entornos peri o semi urbanos: fincas supuestamente agrícolas (y por tanto no urbanizables) donde la ley sólo permite construir casetas de aperos de entre 20 o 40 metros cuadrados, pero donde poco a poco (hoy un porche, mañana cubro el porche, el año siguiente amplio otra habitación, luego consigo una acometida "irregular" de agua potable, ahora hormigono un trozo para aparcar, luego cierro el garaje y le pongo un váter,...) la gente acaba construyendo auténticos chalets, mientras el ayuntamiento hace la vista gorda, porque nada más impopular que dedicarse a perseguir a "buenos vecinos de toda la vida"... que además votan.
Lo descacharrante del asunto es cuando eso lo hace nada más y nada menos que... ¡el mimísimo presidente de la comunidad autónoma! y que cuando la gente (y la fiscalía) empieza a mosquearse con esa "caseta de aperos" de dos plantas y 200 metros cuadrados... ¡voilá! aparece una milagrosa modificación del plan urbanístico (transfugismo concejil incluido) que legaliza el chalecito, y otras sesenta y tantas construcciones ilegales (para dismular).
El delincuente en cuestión es hoy vicepresidente del Senado.
Y viva la separación de poderes.
Un interesante artículo sobre el tema. Yo tenía curiosidad por saber que beneficios hay.
Es del 2015, no tengo ni idea si ha cambiado la cosa.
https://www.panorama.es/es/blog/propiedades-a-nombre-de-empresas-en-espana/
Es muy extenso.
Aunque supuestamente en este caso está declarado, parece que si tiene ciertos beneficios. Que lo haga un fiscal tiene tela.
Si no es importante, pues creamos una asociación de todos los propietarios, podrían ser unos 10 millones y con ese paquete nos vamos a Panamá a que nos hagan un buen descuento. Total no pasa nada.
Yo creo que la gente está errando el tiro.
No es la planificación de Ignacio Gonzalez es la planificación del PP para intentar controlar la justicia. Otra cosa es que este personaje haya indicado que sería la mejor opción como harán otros conseguidores, hay que dar nombres.
El PP es un partido jerarquizado y autoritario, siempre he dicho que el PP tiene un plan para controlar lo máximo posible las instituciones que pueda, viene en su ADN.
Ignacio Gonzalez, Zaplana o Arturo Fernández simplemente están indicando el modelo ideado por el PP que lleva usando desde hace tiempo y en que quiere actuar y para eso el PP tenía diseñado un plan para colocar determinados nombres.
Al PP le han hecho mucho daño las acusaciones particulares, pues nos las cargamos, tienen más que perder que ganar, ya vemos como desde la fiscalía se puede actuar persiguiendo chistes de Carrero Blanco, titiriteros, peinetas a vírgenes,...
Con Fabra pasaron más de 10 jueces y no se le consiguió juzgar, esa trama era la del PP, terminó en la cárcel por delitos contra Hacienda, se minimizó el problema.
El famoso Enrique Lopez, debería haber terminado su carrera cuando se le cogió con casi el doble del límite penal cuando lo iban a colocar en el Constitucional, ahora lo podrán en otro organismo clave. En ambos casos no daba el perfil, lo habitual en los jueces y fiscales que se pretenden colocar.
Este tipo va a estar muy agradecido. Es curioso, para el juez Casandra como universitaria debía saber las consecuencias de los chistes contra un dirigente franquista y lo que acarrea, pero resulta que Enrique Lopez es tonto del culo y no es responsable de sus actos a pesar de conducir por encima del límite penal. Apenas ha tenido sanción y ha seguido trabajando en la AN y tras tres años del suceso ya está para ascenderlo.