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Los sindicatos de clase (UGT y CCOO) chorizos:170 imputados, que se dice pronto
Con la Junta de Andalucía y el PSOE de Andalucía ejerciendo de mater amantísima de los chorizos.
http://www.elconfidencial.com/espana/andalucia/2013-10-09/alaya-demuestra-como-se-enriquecieron-dirigentes-de-ugt-y-ccoo-en-los-ere_39035/
¿Hay alguien en este país que no sea un chorizo?
http://www.elconfidencial.com/espana/andalucia/2013-10-09/alaya-demuestra-como-se-enriquecieron-dirigentes-de-ugt-y-ccoo-en-los-ere_39035/
¿Hay alguien en este país que no sea un chorizo?
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Comentarios
Un saludo
Entonces, supongo que mañana mismo esos cientos de miles de afiliados a UGT y CCOO exigirán la dimisión de Cándido y Toxo.
Tic, tac, tic, tac...
Ya queda menos para ver a las muchedumbres indignadas manifestándose en la calle pidiendo esas dimisiones. ¡Qué emoción!
Entre tanto, mientras estos afiliados empiezan a pasarse los sms oportunos con la convocatoria, que digo yo que si alguien sabía que las cuentas de los sindicatos jamás han sido auditadas por el Tribunal de Cuentas.
Por cierto, lo mismo que las cuentas de las organizaciones empresariales.
Y es que ambos, sindicatos chorizos y empresarios, reciben la releche de dinero público.
Me mola la transparencia de este país, del estilo del "yo meto mano a la caja y la dejo transparente para que se vea vacía hasta el fondo".
¿Cuántos siglos llevan mandando Cándido y Toxo en sus sindicatos? ¿Es que esta gente es eterna y sus cargos son vitalicios, no dejan nunca el sillón?
Y Cándido, por ejemplo, lleva más de 20 años en el sillón, sin ganas de dejarlo (y, viendo lo que veo, no me extraña que no lo quiera dejar), y gana las elecciones en su sindicato, con toda la mierda que tiene encima, con el 86% de los votos. A la búlgara.
O sea, lo de este país es sencillamente "la hostia" (con perdón de oídos castos, puros y sensibles)
Pero es sencillamente injusto calificar de "complices de un delito" a todos los afiliados a UGT por lo que ahora sabemos que paso con su financiacion, como lo seria de calificar de "complices de un delito" a todos los catolicos por los delitos de pedofilia de un sacerdote, el que los afiliados reclamen publicamente cambios seria cojonudo, pero sera su decision, como fue decisision de Bergoglio no decir nada hasta ser Papa, es perfectamente logico que muchos prefieran anteponer un "patriotismo de organizacion" y querer lavar la ropa sucia en casa, otra cosa es como se vea esto desde fuera.
En resumen, me uno a cualquier critica a UGT y CCOO, pero cuidado, las responsabilidades penales siempre son individuales, en UGT, en el PP o en la Izquierda Abertzale, y en todo caso corresponde a sus afiliados exigir y depurar las responsabilidades politicas y morales, a los demas nos queda afiliarnos o no, apoyarlos o no.
Un saludo
Me debo haber explicado mal. Cuando he dicho que si había alguien en este país que no fuese un corrupto, me estoy refiriendo, evidentemente, no al currito de a pie, sino a todo lo que es estructura orgánica y las personas que ocupan esos puestos, con acceso a dinero público.
Y, puestos ya a pensar en estas cosas, quería decir que la financiación de los sindicatos resulte también ser una parte del problema de este país.
Ya en la Transición, una especie de pacto no escrito hizo que los poderes públicos primasen a dos centrales sindicales (UGT / CCOO) por encima de las demás, eso sin perjuicio de reconocer a otros sindicatos que unían en una especie de “todo en uno” las reivinciaciones propiamente laborales a reivindicaciones de tipo nacionalista. Al principio, quizá esta situación podía obedecer a la necesidad de legitimar unos acuerdos que eran necesarios para alcanzar la paz social que permitiese el avance de la democracia. Para eso, se cedió a la pretensión sindical de tener mayor peso, no sólo político, sino también económico, y se configuraron los sindicatos no sólo como organizaciones reivindicativas, sino también como organizaciones “prestadoras de servicios”. Puede que este modelo haya generado beneficios, como evitar graves tensiones sociales o una cierta estabilidad social.
Ahora bien, atribuyendo funciones cuasi-instituciones a las centrales sindicales mayoritarias, se obliga a que gran parte de su financiación se realiza con transferencias de fondos públicos, aunque disimulándolo por diferentes vías. Son canales con cobertura legal y que, incluso, casi siempre tienen relativa publicidad al aparecer anunciados en los boletines de las diferentes Administraciones que los conceden. Sin embargo, cuantificar ese dinero es casi imposible, al menos hasta ahora, por la nula transparencia que hay sobre todo esto.
Vamos a ver, los sindicatos, además de contar con la obligación legal que tienen los empresarios para cederles locales en el lugar de trabajo y espacios para que éstos divulguen sus mensajes, los inmuebles donde tienen sus sedes han sido cedidos, en su gran mayoría, por los poderes públicos, ya sea bajo la figura de la devolución del patrimonio sindical, bien por subrogación de CCOO y UGT en la posición del antiguo sindicato vertical. Por ejemplo, la sede principal de UGT en la Avenida de América de Madrid se construyó para el sindicato franquista. O, también, por la mera cesión de espacios derivada de la negociación colectiva. Por ejemplo, ahora mismo, en determinadas dependencias ministeriales en Madrid, ocupadas por directivos del Ministerio de Trabajo, se están desocupando y los funcionarios trasladados forzosamente para ceder los locales a CCOO.
Para cubrir sus gastos de gestión ordinarios, además de las cuotas de los afiliados, todos los sindicatos reciben una subvención pública en virtud del número de representantes que sacan en las elecciones sindicales. Además, una parte importante del coste de personal que necesitan en sus actividades, es sufragado por las propias empresas que abonan los salarios del personal liberado que, con la figura de la acumulación del crédito horario de los representantes de los trabajadores en determinadas personas liberadas por el sindicato, dejan de prestar sus servicios en la empresa o Administración que les contrató. Quiero apuntar, al respecto, que los últimos años, un objetivo sindical en las negociaciones con las Administraciones públicas ha sido la de ampliar el número de liberados por encima de lo establecido con carácter mínimo por la legislación, siendo este logro tanto una fuente indirecta de financiación, como un instrumento clientelar para privilegiar a algunos de sus afiliados.
Además, los sindicatos han desarrollado un mecanismo muy eficaz de captación de fondos públicos con carácter finalista, presentándose regularmente a las convocatorias de subvenciones anunciadas por las Administraciones públicas para el fomento de la actividad asociacionista, la realización de estudios, programas sociales, planes de igualdad, etc. Es complicado saber el monto total de todas estas subvenciones y ayudas económicas, porque la información aparece disgregada en los cientos o miles de boletines oficiales (BOES, CCAA, diputaciones, ayuntamientos, etc.)
Participar en los foros institucionales es también una actividad normalmente retribuida. Unas veces, lo es de manera directa al propio sindicato. Otras, el abono se hace a título personal a favor de aquellas personas que son designadas por el sindicato para participar en la comisión o consejo correspondiente. Así, había o hay representantes sindicalesen los consejos de administración de las quebradas Cajas de Ahorros, en los consejos de los entes públicos titulares de televisiones o radios públicas, de los entes del sector empresarial y fundacional público, de los órganos que controlan los fondos de pensiones de los funcionarios, etcétera, etcétera, etcétera.
No me olvido, porque es jugosísimo, el papel de los sindicatos en la gestión de los recursos recaudados a los trabajadores y empresarios bajo el concepto de “formación profesional”. La cuota de formación profesional es el resultado de aplicar un tipo del 0’70 por 100 a la base de cotización por contingencias profesionales a la SS. De ese 0’70 por 100, un 0’1 por 100 se detrae de la nómina del trabajador y un 0’6 por 100 la soporta la empresa. Una parte importante de lo recaudado es gestionado por la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, en la que participan el Mº Trabajo, por la Administración, la CEOE y CEPYME por los empresarios, y CCOO, UGT y CIG por los sindicatos. Cómo se gestionaban estos fondos ha sido casi siempre algo extraordinariamente opaco. De hecho, los últimos datos publicados corresponden al año 2008. Además, el Servicio Público de Empleo Estatal distribuye directamente entre los sindicatos mayoritarios millones de euros con esa finalidad. También las Consejerías de Trabajo de las CC.AA., en desarrollo de sus políticas de empleo, les adjudican numerosos recursos para esta finalidad. El control financiero sobre cómo se gestionan todos esos fondos públicos ha sido casi nulo. Ni cómo se gastaba el dinero ni cómo se controlaba la calidad de los cursos ni la cualificación de los ponentes…
Pero es que también los sindicatos reciben dinero de prestar servicios a los trabajadores, tanto afiliados como no afiliados, destacando los servicios de carácter jurídico. Ahora bien, salvo las primeras consultas, lo que facturan por ellos no diverge demasiado de lo que son los precios de mercado. También reciben dinero por su participación en los expedientes de regulación de empleo, que es obligatoria por mandato legal, y facturan un porcentaje sobre el importe de cada indemnización recibida por los trabajadores. Una cuestión esta, por cierto, que al margen de consideraciones éticas, es dudoso que tenga apoyo jurídico firme, dado el carácter preceptivo de su intervención y la imposibiliad para el trabajador de poder optar por otras alternativas.
En fin, como véis, un montón de intereses creados y que se han ido tejiendo durante años alrededor del rol institucional de los sindicatos más representativos, lo que ha generado una creciente dependencia de la financiación pública, lo que provoca inevitables conflictos de intereses entre los propios del sindicato como organización y los que afectan a sus representados como colectivo. ¿Consecuencia lógica? El cada vez mayor distanciamiento entre el sindicato y los trabajadores y la progresiva pérdida de apoyo real para aquéllos.
Cada vez es menor la afiliación a estas organizaciones. Y la distancia en votos en las elecciones sindicales entre los sindicatos mayoritarios (UGT y CCOO) y los múltiples sindicatos sectoriales, independientes, etc., es cada vez menor.
Ahora bien, esa menor influencia no se refleja en lo referente a su capacidad para percibir fondos públicos, desproporcionadamente superior a la de sus competidores gracias a las sucesivas reformas legales que, cada vez, priman más el ámbito institucional de la representación
Y todos estos intereses creados generan una cosa: CORRUPCIÓN Y FALTA DE CREDIBILIDAD. Los sindicatos mayoritarios son, hoy, en mi opinión, parte del problema.