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El antihilo de política (para eso que no sabes en qué hilo poner)
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Actores y actrices fascistas pagados por la extrema derecha
Eso diselo a los que estuvieron 5 dias sin ver a la UME.
¿Os acordáis de cuando la UME era un despilfarro de ZP? Yo sí
Tan fácil que es llamar a alguien conocido que viva en Valencia, y preguntarle directamente desde qué día comenzó a ver a efectivos de las Fuerzas Armadas de España en el lugar. Personas reales, no locas totalitarias que verían a Stalin vivo salvando gente, si pensara que con ese bulo está luchando contra las democracias occidentales y sus odiados derechos humanos civiles y políticos.
En el tercer mundo cuando ocurre cualquier tragedia por efecto de la naturaleza, es difícil no ver uniformados militares en el lugar en menos de 24 horas. Cualquier valencianos segundamente los pudo ver también, no casos aislados, sino registrados a la vista de todos y de los medios.
Sánchez y el gobierno pacta una cosa con PNV y Junts, y la contraria con Bildu, ERC y BNG, todo en el mismo día.
Algún día revisaremos este año y pensaremos que nada de esto ocurrió.
Hay que aprovechar mientras dure...
Son personas, no son Dios, en todos lados no pueden estar. Mira, el mismo día 29, les mandaron a Chiva (la Comunidad valenciana, que es quien les dice a donde deben ir) y en Chiva estuvieron.
Pero es mejor gritar ¡Que hijoputas son todos, que mierda es el sistema, pongamos a un fascista salvapatrias al mando!
¿Quieres buscar a los hijos de puta que más responsabilidad tienen en esto? Busca a los que cogen el coche hasta para ir a comprar el pan, a los que tienen que tener siempre el móvil último modelo o a los que tienen que estrenar ropita nueva todos los meses, porque son los responsables últimos tanto de esto como de lo que está por venir.
A lo mejor nos tenemos que mirar un poco más todos a nosotros mismos.
PD: Me jode haber calculado mal, yo esperaba que el comienzo de la fiesta me pillase ya muerto, pero ya veo que no.
Y por supuesto lo más importante, parece que la situación está en comienzo de reconstruccion, y no de abandono en la catástrofe.
Curioso el testimonio del alcalde de Cullera, que dice que le llamó Mazón, pero más que en estado de alarma, parecía en estado de embriaguez.
Fueron media docena de la UME para sacarse la foto de que estuvieron ahí, mientras miles de soldados españoles estaban acantonados en los cuarteles sin hacer nada, mientras ciudadanos españoles sufrían y morían sin ningún auxilio.
Y todo porque a Sánchez le convenía políticamente no elevar la alarma a nivel 3 (algo evidente desde el primer minuto), para que el costo político de no poder auxiliar a los ciudadanos se lo comiera Mazón. Si eso implica sufrimiento y muerte para los españoles, pues resulta irrelevante, lo importante es la poltrona.
Es evidente que Mazón tendrá responsabilidades por no activar preventivamente sus medios ante la amenaza, y alguna torpeza posterior. Pero de que Sánchez actuó como un psicópata no elevando la alarma a nivel 3 desde el prime momento, cuando era evidente que ninguna comunidad autónoma podía hacer frente a tamaña catástrofe sin la intervención del ejercito y del Estado nacional, demuestra el carácter inhumano, cruel y macabro de los socialistas.
Anula el nombramiento de Julio Cano Antón y pone el foco en la comisión de servicios otorgada por el Ministerio de Justicia a su pareja
Nuevo varapalo del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, imputado en la actualidad por un delito de revelación de secretos. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha anulado el real decreto, de 13 de junio de 2023, de nombramiento de Julio Cano Antón como fiscal superior de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Baleares, por no haberse sometido a la decisión del Consejo Fiscal la posible incompatibilidad de dicho candidato, que fue propuesto por el fiscal general.
Se da la circunstancia de que Cano Antón es miembro de la Unión Progresista de Fiscales, asociación que presidió García Ortiz y que ha premiado continuamente con nombramientos discrecionales en la cúpula fiscal desde que es fiscal general. Asimismo, fuentes fiscales consultadas por EL MUNDO explican que el fiscal superior de Baleares es una persona muy próxima al fiscal general.
La Sala estima el recurso presentado por otro de los fiscales candidatos al puesto, y ordena retrotraer actuaciones para que el Consejo Fiscal resuelva si concurre o no la prohibición del artículo 58 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, debido a que la persona propuesta mantiene una relación estable de afectividad con un fiscal destinado en la Fiscalía Superior de las Illes Balears. Dicho artículo establece prohibición para ejercer el cargo a los fiscales en la misma Fiscalía donde ejerzan sus cónyuges o personas con análoga relación de afectividad, siempre que haya dependencia jerárquica inmediata entre ellos.
La sentencia expone que es evidente que la Fiscalía General que dirige Álvaro García Ortiz, en concreto la Inspección Fiscal, cuya jefatura ostenta María Antonia Sanz, tenía conocimiento de la relación afectiva entre el candidato y un fiscal con destino en la Fiscalía Superior a la que el primero optaba, ya que el propio Julio Cano pidió a la Inspección un informe sobre compatibilidad al respecto.
Sin embargo, la Inspección Fiscal no trasladó estos hechos a la reunión del Consejo Fiscal, que ostenta la exclusiva competencia para resolver sobre la posible incompatibilidad de acuerdo al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, donde se votaron a los candidatos, ni tampoco hizo indicación de la citada circunstancia en el informe individualizado de valoración, según señala la sentencia.
Ocultación al órgano decisorio
"Ninguna duda cabe sobre el hecho de que la idoneidad de los candidatos es tanto capacidad o aptitud como condición de posibilidad de ejercicio, lo que conecta directamente con la causa de incompatibilidad alegada, de manera que la Inspección Fiscal debió hacer indicación de esa circunstancia en el citado informe individualizado de valoración o, cuando menos, trasladar esos hechos a la reunión del Consejo Fiscal. Sin embargo, nada de ello fue realizado", subrayan los magistrados.
El tribunal también analiza el hecho de que días antes de la propuesta de nombramiento cobró efectividad una comisión de servicios en el Ministerio de Justicia -que dirigÍa por aquel entonces Pilar Llop-, concedida al fiscal con destino en la Fiscalía Superior de las Islas Baleares (la pareja de Cano) que determinaría la posible concurrencia de la causa de incompatibilidad, y que es alegada en los escritos de contestación a la demanda para poner de relieve que ya no estaría desempeñando funciones en la Fiscalía Superior por haber cesado en su plaza de la plantilla orgánica.
El fiscal demandante alegaba al respecto que, para salvar el obstáculo de la incompatibilidad y la necesaria decisión del Consejo Fiscal, la comisión de servicios fue tramitada de forma urgente y sin ajustarse a las exigencias legales y reglamentarias, que incluían también que fuera oído el Consejo Fiscal, cuestión sobre la que nada se dice en los escritos de contestación a la demanda, según señala el Supremo.
El Alto Tribunal indica que no existe constancia documental de que esos trámites hayan sido observados "y, con ello, nuevamente resultó obviada una competencia del Consejo Fiscal. Competencia que, en este caso, está directamente conectada con la referida a la facultad de resolver la posible concurrencia de la causa de incompatibilidad. Así, sin atender a la efectividad de la comisión de servicios, consideramos que todo ello debió someterse al Consejo Fiscal".
Por todo ello, el Supremo anula el real decreto de nombramiento y acuerda la retroacción de las actuaciones "para que el Consejo Fiscal, sin demora, ejerza la competencia que le concede el artículo 58. Dos, del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Esta decisión no sólo deberá tomarla con agilidad, sino también con todas las garantías y, en especial, con la motivación necesaria, a la vista de que afecta al derecho fundamental a la promoción en la Carrera Fiscal en condiciones de igualdad y con los requisitos establecidos por la ley", indica la sentencia.
El recurrente obtuvo en la reunión del Consejo Fiscal cinco votos a favor de su nombramiento frente al candidato propuesto que obtuvo cuatro más el del fiscal general. Un tercer candidato consiguió los dos votos restantes.
Otra mierda mas de la gestión del Fiscal General.
No puede ser tan tonto, la especie política se merece una disección y estudio en profundidad.
https://uk.proxfree.com/permalink.php?url=lLmktZG9yqKzuQZyEM9V%2B0zv4PCQQYqYxtXYagNLwtZ73LzPCH%2FiF61FdonHh2sQdTyLrKQ6YoXi22Ihrmac%2BTrnGpk%2FxM%2FVw0DZOfcHgKgLVJkeJ2l0TmeB5jD2nVV1&bit=1
El diputado socialista que "secuestró" cuatro horas y 10 minutos la Comisión para un pacto amenazado de ilegalidad en tres artículos
Pasaban las 20:30 horas de la tarde de ayer cuando el presidente de la Comisión de Hacienda anunció al resto de los diputados presentes en la Sala Cánovas del Congreso que iban a hacer un "receso". "Vamos a hacer un receso de unos minutos antes de someter a votación el dictamen final", dispuso Alejandro Soler Mur, parlamentario por el PSOE. Lo hizo después de haber sometido a referéndum una larga sucesión de enmiendas con las que el Ejecutivo y sus socios intentaban aprobar distintas cláusulas de su plan fiscal por la puerta de atrás, a través del proyecto de ley que fija un impuesto mínimo del 15% a las multinacionales.
Sin embargo, el mantenimiento de los tributos a la banca y a las grandes energéticas genera posturas enfrentadas entre los partidos que conforman la mayoría de investidura, con lo que al Gobierno no le salían los números para que el dictamen saliera adelante. Y, así, lo que en un inicio iba a ser "un receso de unos minutos" se convirtió en una interrupción de cuatro horas y 10 minutos que retrasó la votación final hasta pasada la medianoche (00:45 del martes). Fue el tiempo que tardó el Ejecutivo en alcanzar un pacto con sus socios para salvar el dictamen.
A su vuelta a la mesa de Presidencia de la Comisión, Soler se disculpó por "el amplio tiempo, más allá del previsto, que ha durado la suspensión". El portavoz del PP Santi Rodríguez Serra solicitó entonces el turno de palabra y verbalizó en la Comisión lo que algunos dirigentes populares ya denunciaban en sus redes sociales: "Una suspensión por unos minutos no puede transformarse de ninguna manera en un secuestro de más de cuatro horas del conjunto de la Comisión, que es a lo que nos ha sometido la arbitrariedad de esta Presidencia, que está única y exclusivamente al servicio del Gobierno".
La Mesa de la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso de los Diputados está compuesta por cinco parlamentarios (dos socialistas, dos populares y uno de Sumar), aunque la última palabra la tiene siempre, como presidente, Soler. Licenciado en Derecho, lleva toda la vida dedicado a la política de la mano del Partido Socialista del País Valenciano (PSPV-PSOE), formación que hoy preside después de que el pasado marzo la ministra Diana Morant le eligiera para el cargo.
Es en él, en Alejandro Soler, en quien la oposición centra las acusaciones de "secuestro" de la Comisión de Hacienda, pues es él quien decide cuándo se produce un receso y por cuánto tiempo se extiende. "Queremos dejar constancia de la más enérgica protesta por parte de nuestro grupo parlamentario de lo que consideramos una falta de respeto al conjunto de la Comisión, al personal de la Cámara, a los trabajadores y a los medios de comunicación. Todo para mantener la agonía durante unos días de un Gobierno que es absolutamente inviable", denunció el portavoz popular al reanudarse la sesión.
A la intervención del diputado del PP le siguió la de Pilar Vallugera (ERC), que no dudó en hacer explícito que durante el receso de la Comisión se habían producido negociaciones entre el Gobierno y sus socios. "María Jesús Montero [ministra de Hacienda] se ha comprometido a que habrá un Real Decreto que prorrogará el gravamen a las empresas energéticas, y es por este motivo por el que votaremos favorablemente al dictamen", apuntó la diputada, con el fin de justificar el cambio en el sentido de su voto.
Dichas conversaciones entre el Ejecutivo y los partidos de la coalición de investidura, producidas in extremis durante el "secuestro" de la Comisión para evitar que el dictamen decayera, levantaron más críticas en la oposición. Esta vez por boca del diputado de Vox, Juan José Aizcorbe: "Parece ser que, interrumpiéndose una votación de forma irregular, se han producido circunstancias o han aparecido documentos ajenos al debate en sí", manifestó, exigiendo conocer cuáles eran esos "documentos y circunstancias" que habían motivado un cambio en el sentido del voto de algunos partidos. A lo que el presidente de la Comisión respondió que no era necesario comunicarles ninguna información adicional porque lo que se sometía a votación era "el informe de la ponencia, con las transaccionales y las enmiendas tal y como se han votado".
Pero el parlamentario de Vox fue más allá y, sumándose a las acusaciones de "secuestro" de la Comisión antes vertidas por el diputado del PP, Aizcorbe apuntó que el receso de cuatro horas y 10 minutos autorizado por el presidente de la Mesa, Alejandro Soler, había supuesto la vulneración de tres artículos del Reglamento del Congreso: el 78, el 80 y el 81. Los capítulos a los que se refirió el parlamentario regulan el funcionamiento de las votaciones en la Cámara, tanto en el Pleno como en las comisiones.
El artículo 78 recoge que, para adoptar acuerdos, los órganos correspondientes deberán "estar reunidos reglamentariamente y con asistencia de la mayoría de sus miembros". Establece también que, en caso de no existir quórum suficiente a la hora de votar, el referéndum se aplazará por "un máximo de dos horas". No es esto lo que sucedió ayer, pues no es que no hubiera quórum, sino que la sesión se interrumpió por decisión de la Presidencia de la Comisión.
El artículo 81 del Reglamento, al que también hizo referencia el diputado de Vox, determina que las votaciones, en ocasiones, pueden tener que realizarse a una hora fija, y que en caso de tener que posponerse se debe precisar la nueva hora acordada. Tampoco fue eso exactamente lo que ocurrió la pasada noche, pues no había una hora concreta fijada para el referéndum.
Es el artículo 80 el que pone más contra las cuerdas a Soler por su decisión de hacer un "receso" en medio de las votaciones. "Las votaciones no podrán interrumpirse por causa alguna. Durante el desarrollo de la votación, la Presidencia no concederá el uso de la palabra y ningún Diputado podrá entrar en el salón ni abandonarlo", precisa el citado capítulo del Reglamento. El diputado socialista interrumpió la sesión entre la votación de las enmiendas y la del dictamen final en su conjunto, autorizando las conversaciones entre parlamentarios y su entrada y salida de la Sala Cánovas. "Reclamamos que se cumpla el reglamento, sin perjuicio de las acciones que nos reservamos", sentenció el portavoz de Vox.
No tengo ni idea del funcionamiento de las comisiones, pero el espectáculo de ayer es otra manera de denigrar las instituciones si es verdad el articulo, que uno ya no sabe donde leer.
Jajajajaj
Pero si estos (los de Ciudadanos) fueron los que colaboraron en cargársela de la mano de Ayuso... Ahora a disfrutar de la magnífica sanidad pública que han dejado en Madrid.
Esto también me ha gustado:
Hay que parar la ultradere... Salvo que necesite sus votos.
Estos son mis principios, si no le gustan tengo otros.
Yo creo que podían forrar los asientos con pinchos, ya que parece ser que los poyetes que puso la Espe para que no durmieran los "sin hogar" en ellas no ha sido suficiente.
De todos modos, son muy poco imaginativos esta gente de la derechona racista, podían por ejemplo, hoy que es 20-N, vestirlos de "guardia mora" y hacerlos desfilar por la Plaza de Oriente.
No deberíamos darles ni 100 días para empezarlas.
Por cierto, las paralizó Zapatero por la crisis de 2008.
Que puto asco de Mundo. Señor, señor, tiranos pronto ese asteroide gigante (y a poder ser que le caiga a Abascal en la cabeza).